La Comunidad Campesina San Felipe ha denunciado públicamente a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT por implementar políticas que consideran discriminatorias hacia las comunidades campesinas del país. Este pronunciamiento se dirige a las más altas autoridades del gobierno, Congreso de la Repoública y Presidenta de la República, buscando llamar la atención de la sociedad peruana sobre lo que califican como una violación flagrante de sus derechos.
La exclusión de las comunidades campesinas
El conflicto surge a raíz de la resolución de superintendencia N.º 000201-2020/SUNAT, que excluye a las comunidades campesinas como beneficiarias de donaciones nacionales, mientras que instituciones estatales, como municipalidades, ONGs, iglesias y otras entidades sí son consideradas dentro de este marco. La Comunidad Campesina San Felipe, ubicada en el distrito de San Felipe, provincia de Jaén, solicitó la donación de bienes muebles el 23 de septiembre de 2023, pero recibió una negativa formal por parte de la SUNAT en noviembre del mismo año, basada en esta resolución.
Argumentos legales y acusaciones de discriminación
Según el pronunciamiento, esta exclusión viola el artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, que garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación. La comunidad asegura que esta política categoriza a sus integrantes como ciudadanos de segunda categoría y contraviene los principios básicos de derechos humanos.
La Comunidad Campesina San Felipe interpuso una demanda constitucional de acción de amparo el 19 de julio de 2024 ante el 11.º Juzgado Constitucional de Lima. En el proceso, la SUNAT habría recurrido a formalismos administrativos para justificar su postura, perpetuando lo que la comunidad considera una situación de exclusión sistemática.
Convocatoria nacional
En su pronunciamiento, la Comunidad Campesina San Felipe convoca a todas las comunidades campesinas del Perú a unirse en esta lucha contra la discriminación y especialmente a los congresistas de la República a proponer una norma que elimine esta discriminación que se viene ejecutando impunemente contra estas organizaciones de interés público. Exigen la reforma de la normativa de la SUNAT para incluir a las comunidades campesinas como beneficiarias de donaciones nacionales y el cese de políticas que perpetúan la desigualdad.
Esta denuncia pone sobre la mesa un problema que afecta a miles de comunidades rurales en el país y busca abrir un debate nacional sobre el trato equitativo hacia los sectores más vulnerables. La comunidad insiste en que este tipo de prácticas no solo socavan los derechos humanos, sino que también dañan la cohesión social y la justicia en el Perú.
