El docente universitario y líder ambientalista Nicanor Alvarado Carrasco ofreció un análisis crítico sobre la grave crisis ambiental, social y económica que enfrentan los territorios de San Ignacio y Jaén en el nororiente peruano. Durante una entrevista, denunció la expansión descontrolada de la minería ilegal, el abandono estatal y la complicidad de autoridades en todos los niveles.
Minería ilegal y complicidad institucional
Alvarado Carrasco describió cómo la minería ilegal, normalizada en San Ignacio, destruye el medio ambiente y pone en riesgo la salud de las comunidades. Citó un caso reciente donde un campamento minero operaba impunemente, incluso con un bar en sus instalaciones, lo que, según él, evidencia el respaldo de policías, militares y autoridades locales. “Esto no sería posible sin el silencio cómplice de fiscales, jueces y figuras del Gobierno Central, incluyendo al presidente del Congreso”, acusó.
Crisis del agua y destrucción ambiental
El ambientalista enfatizó el deterioro de los recursos hídricos, señalando que el río Chinchipe, antes un símbolo de belleza natural, ahora fluye contaminado con mercurio y otros metales tóxicos. “Estamos viendo la destrucción del medio ambiente y el envenenamiento del agua, con respaldo de instituciones tutelares del Estado. Es denigrante”, afirmó.
Además, advirtió sobre el impacto del calentamiento global, los incendios forestales y la falta de apoyo estatal al agro, agravando la situación en una región reconocida por su producción de café y cacao.
Pobreza estructural y abandono del agro
Nicanor Alvarado explicó que la minería ilegal se ha convertido en una opción desesperada para campesinos abandonados por el Estado. Criticó la ausencia de ingenieros, técnicos y proyectos que promuevan el valor agregado en cultivos como el café y el cacao. “El Estado ha sido indiferente al agro. Esta pobreza estructural es su responsabilidad”, señaló.
Llamado a la acción comunitaria
En un contundente mensaje, el líder ambientalista instó a las rondas campesinas y comunidades locales a organizarse para defender sus recursos naturales y exigir alternativas de desarrollo sostenible. “Si el Estado no actúa, el pueblo tendrá que hacerlo. La vida no tiene precio, y vamos a pelear hasta el final por nuestras aguas y territorios”, concluyó.
La situación en San Ignacio y Jaén refleja una crisis urgente que requiere acciones inmediatas para frenar la minería ilegal y proteger el medio ambiente, la economía agrícola y la salud de las comunidades.