El Congreso de la República promulgó la Ley 32242, que modifica el artículo 49 de la Ley 29944, estableciendo la destitución automática de docentes, directores y personal administrativo de instituciones educativas públicas o privadas que tengan una condena privativa de libertad o suspendida por delitos graves como abuso sexual, terrorismo y apología al terrorismo.
La nueva norma elimina la necesidad de un proceso administrativo en el Ministerio de Educación (Minedu) y busca impedir de manera permanente su reingreso a la Carrera Pública Magisterial. Esta medida responde a la preocupación por casos de agresión sexual a escolares, especialmente en regiones como Condorcanqui, Amazonas, donde estos incidentes han continuado alarmantemente en los últimos años.
